15 Ene 2026 «En Valencia llevamos años trabajando desde la reparación a las víctimas hasta la formación a más de 2000 personas en prevención y detección ante los abusos» Daniel Juan Tortosa, Delegado Episcopal de prevención de Abusos y Oficina de Protección del Menor
- «La Iglesia ha conseguido que el Gobierno se comprometa a reconocer a otras víctimas de abusos y no solo las de la Iglesia»
- «Hemos logrado la exención fiscal, conocemos las víctimas a las que se les retenía hasta un 30% en el IRPF»
Daniel Juan, delegado de Prevención de Abusos y Oficina de Protección del Menor de la Archidiócesis de Valencia, ha valorado la importancia que ha tenido la aportación de la Iglesia en favor de las víctimas de abusos y explica que «en Valencia, el año 2020 se creó la Delegación episcopal de prevención de abusos, y se inauguró la apertura de la Oficina de Protección del Menor, que ha transcurrido por varias fases. Llevamos años trabajando desde la escucha, acompañamiento y reparación a las víctimas hasta la formación a más de 2000 personas en prevención, detección y actuación ante los abusos».
Daniel Juan relata que «la primera fase fue la de atender a las víctimas, para que supieran que había un lugar físico donde poder escucharlas, acompañarlas, ofrecerles ayuda en el ámbito psicológico, incluso en el ámbito jurídico y espiritual. En una segunda fase, se promulgó el Protocolo de actuación en casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia que se fue presentando por toda la Archidiócesis de Valencia. Finalmente, el estadio en el que nos encontramos es el ámbito de la prevención, detección y actuación en casos de abusos sexuales. Hemos formado a más de 2.000 agentes de pastoral y educadores, que han recibido esta formación específica. Para nosotros es importante que todos los que tengan contacto en la evangelización, en la pastoral con los menores, hayan recibido formación en el ámbito de la prevención y detección en casos de abusos sexuales».
Daniel Juan destaca que «la Iglesia ha sido la única institución en nuestro país que asume delitos ya prescritos, y garantiza el reconocimiento y la reparación integral a todas las víctimas de abusos que ya no pueden acceder a la vía legal”. El delegado insiste en que «la reparación no solo es material o indemnización económica, sino también es ayudar en el conjunto de la persona que ha sido dañada en lo más íntimo. En el ámbito de la reparación económica, también la Iglesia de Valencia, ya a día de hoy ha indemnizado a una víctima y en otras tres víctimas se está estudiando el expediente de indemnización».
«La Iglesia ha conseguido que el Gobierno se comprometa a reconocer a otras víctimas de abusos y no solo las de la Iglesia»
Daniel Juan destaca la importancia que ha tenido la aportación de la Iglesia «para que el Gobierno haya reconocido que hay otras víctimas de abusos y no solo las de la Iglesia, y que se haya comprometido a abordar la reparación integral de estas en cualquier ámbito de la vida social, como había solicitado la Iglesia”, como así contiene en el acuerdo firmado entre el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
Daniel Juan recuerda que «este acuerdo se encuadra dentro de los pasos anteriores que la Iglesia Católica ya ha dado en la acogida a la víctima, en la prevención y en el acompañamiento y, por tanto, también en la reparación integral. La Iglesia ya desde el año 2020 con las más de 200 oficinas de recepción de denuncias de acompañamiento a las víctimas, ha querido estar cerca del que ha sufrido». De forma ya más inmediata en el tiempo, desde septiembre de 2024, la Conferencia Episcopal lanzó el plan PRIVA, el plan de prevención y de actuación, por parte de la Iglesia en el ámbito nacional. «Con este acuerdo firmado con el Defensor del Pueblo «se abre una nueva vía complementaria, hasta ahora teníamos la vía de PRIVA. La vía del Defensor del Pueblo es para aquellas personas que quieran denunciar que han sufrido abusos, pero no deseen acudir a las Oficinas diocesanas en el caso de la Iglesia, y para otros casos que se produzcan en otros ámbitos. Ahora se ha abierto podemos decir, una «nueva ventanilla», que es la Oficina del Defensor del Pueblo para personas que por diversas circunstancias o razones personales, no quieren acudir al PRIVA. Habrá una comisión que técnicamente analizará la situación de la petición, que será trasladada a la Conferencia Episcopal, a través del PRIVA, que realizará la evaluación».
Al respecto de este acuerdo, Daniel Juan destaca que «es importante decir que la Iglesia presentó, fundamentalmente, dos pretensiones que han sido históricas. La primera era que se tuviera en cuenta no solo a los que hayan sido abusados en el ámbito de la Iglesia Católica, sino en todo el ámbito social. La Fundación ANAR y la Fundación SAVE de CHILDREN realizaron varios informes en los que se concluyó que había un 99,8% de abusos que no se han cometido en el ámbito de la Iglesia católica, sino en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito social, en distintas perspectivas, en la educación, en la atención a los menores, etcétera. Entendemos que era una injusticia que, por parte del Estado, sólo se haya focalizado un 0,2% de los abusos cometidos en el ámbito eclesial. Con el acuerdo que se ha establecido, ya se ha abierto la puerta para que se tenga en cuenta a otras familias, a otras realidades de sufrimiento que estaban dejadas al margen. A partir de ahora, también el Estado español acogerá esas denuncias o esas peticiones de indemnización para aquellas personas que hayan sido abusadas en el contexto deportivo, en el contexto de acogida de menores, en instituciones, en el ámbito intrafamiliar, que nada tiene que ver con la Iglesia Católica».
«Hemos logrado la exención fiscal, conocemos las víctimas a las que se les retenía hasta un 30% en el IRPF»
Daniel Juan explica que «otra exigencia de la Iglesia, que ha sido también plasmada en este acuerdo, ha sido la de la exención fiscal. El Consejo de Ministros ha aprobado, tal como se plasmó en el acuerdo entre la Iglesia española y el Ministerio de Justicia y la Oficina del Defensor del Pueblo, la exigencia del equipo de trabajo de la Conferencia episcopal española y de la Conferencia española de Religiosos, para que las indemnizaciones de las víctimas no tributen. «Nos encontramos con víctimas que, recibiendo la indemnización económica de parte de la Iglesia, se encontraban que en la declaración de la Renta se les retenía hasta un 20% ó un 30% de lo que se le había indemnizado. Ahora, en este acuerdo, tanto para los que ya habían recibido la indemnización económica por medio del PRIVA, como para los que vengan en un futuro, habrá una exención fiscal de tal forma que no se le retendrá en la renta ningún porcentaje económico».